El Séptimo Juzgado de Garantía acogió a tramitación las acciones legales presentadas por el municipio tras los graves incidentes en las marchas del 1 y 12 de octubre. El jefe comunal sostiene que las entidades convocantes deben responder por los daños en la antesala de las movilizaciones en el centro de Santiago por el 18 de octubre.
En la antesala de las movilizaciones en el centro de Santiago por la conmemoración del 18 de octubre, la Municipalidad de Santiago marcó un precedente judicial clave: el Séptimo Juzgado de Garantía declaró admisibles las querellas presentadas por el municipio contra los graves destrozos registrados en la marcha estudiantil del 1 de octubre —solicitada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech)— y en la manifestación del 12 de octubre bajo la consigna «Día del Encuentro de Dos Mundos», convocada por la asamblea «Unión de los pueblos 12 de octubre».
Con esta resolución judicial, los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público para iniciar formalmente las investigaciones penales. Al respecto, previo al “18-O”, el alcalde Mario Desbordes ha recalcado que, si bien el derecho a manifestarse de forma pacífica está plenamente garantizado, los organizadores de las marchas deben asumir la responsabilidad por los destrozos ocasionados en el espacio público.
En cuanto a los antecedentes de la querella del 12 de octubre, el texto judicial detalla que la jornada culminó con al menos 17 personas detenidas tras registrarse barricadas, rayados y el lanzamiento de piedras, bengalas y fuegos artificiales contra Carabineros. Asimismo, la acción legal documenta el uso de un martillo para destruir de manera sistemática señalética vial, semáforos y paraderos del transporte público frente a la estación Universidad de Chile.
Respecto a la movilización estudiantil del 1 de octubre, autorizada por la Delegación Presidencial con una convocatoria estimada de 3.000 personas, la querella detalla que los desórdenes superaron con creces el recorrido oficial, congregando a cerca de 6.000 asistentes y dejando un saldo preliminar de 31 detenidos.
La acción legal también expone la violenta agresión sufrida por estudiantes de los movimientos Solidaridad UC y Movimiento Gremial frente a la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Un grupo de encapuchados atacó a los jóvenes con objetos contundentes, obligando a derivar a cuatro alumnos de urgencia al Hospital Clínico UC CHRISTUS, además de registrarse un intento de saqueo en locales comerciales del Paseo Ahumada que fue repelido por el personal de los establecimientos. Asimismo, existen afectados que habrían sido intimidados, hechos que serán esclarecidos por la fiscalía.
Las acciones legales documentan además cuantiosos daños en el caso de la marcha estudiantil, afectando el patrimonio histórico y urbano del centro de Santiago —incluyendo rayados en la Iglesia de San Francisco y en el Portal Fernández Concha—, cuyos costos de reposición y limpieza extraordinaria han debido ser asumidos con recursos municipales.
