Lamentamos la falsedad y desinformación de las declaraciones emitidas por el señor Gonzalo Saavedra en el programa “Días Contados” del canal VíaX (quien asumió la subrogación de la rectoría INBA durante 9 meses mientras se realizaba el correspondiente concurso por sistema de Alta Dirección Pública). Falsedad por cuanto jamás ha habido una instrucción desde el municipio que solicite contravenir el marco legal vigente; y desinformación puesto que la normativa educacional es clara en precisar las responsabilidades de cada nivel respecto de procesos sancionatorios a estudiantes.
Ante los diversos hechos de violencia que han ocurrido en algunos liceos públicos de la comuna de Santiago, la orientación municipal ha sido siempre utilizar los procedimientos existentes en la normativa educativa, los que se plasman en los respectivos protocolos de convivencia escolar (RICE), los que a su vez han sido construidos y sancionados por las propias comunidades a partir de las Leyes, Reglamentos del Ministerio de Educación y Dictámenes de la Superintendencia. Esto asegura que todas las medidas que se adoptan estén debidamente respaldadas en los cuerpos normativos que rigen a las comunidades educativas y que garantizan el derecho a la educación.
Cabe señalar que sólo hasta octubre de este año se han abierto 577 debidos procesos ante faltas “gravísimas”. Dentro de estos, 174 estudiantes han recibido alguna de las sanciones más altas que existen en la normativa.
En el pasado, los hechos de violencia y los conflictos no solo fueron más recurrentes y extensos, sino que las respuestas resultaron ser poco efectivas y en no pocos casos contribuyeron a agravar las situaciones de violencia. Con estos hechos se privilegió construir un discurso político más que buscar resolver realmente una problemática compleja y de causas multifactoriales. Esto derivó en una presión y un desgaste de las comunidades educativas, lo que se expresó, por ejemplo, en los reveses judiciales por procedimientos mal ejecutados o en actos ilegales como grupos de whatsapp para crear redes de espionaje.
De todas maneras y para que no queden dudas: la normativa en cuestión es clara y coloca la responsabilidad sobre los procedimientos sancionatorios – incluidas las expulsiones y cancelaciones de matrícula -, en las y los directores de establecimientos educacionales. Para resguardar esta responsabilidad, la Dirección de Educación (DEM) acompaña a los equipos directivos para asegurarnos de cumplir con la normativa vigente. Junto con ello, consideramos fundamental que en aquellos hechos constitutivos de delitos, que atentan contra la integridad de las personas, actúe también la justicia para que esos hechos no queden en impunidad.
Reforzamos nuestro compromiso por el desafío pedagógico que significa abordar los factores que están a la base de estas expresiones, fortaleciendo el desarrollo integral de nuestros estudiantes, acompañando sus trayectorias educativas y promoviendo espacios bien tratantes.
En esa línea, seguiremos orientando la aplicación de todas las herramientas pedagógicas, formativas y disciplinarias para erradicar la violencia de nuestros liceos y fortalecer la educación pública.
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO