El Fallo de la Corte Suprema revoca la resolución de la Corte de Apelaciones que impedía las tomas en el Instituto Nacional y acoge el recurso presentado por la Municipalidad de Santiago.
El fallo confirma la posición del municipio respecto de que es atribución de éste establecer el tipo y la profundidad de las medidas que deben tomarse frente a las tomas estudiantiles. El fallo es claro al afirmar que “son atribuciones propias de los sostenedores la elección de las medidas que apunten a garantizar la continuidad del servicio educacional que prestan cuando éste se ha visto interrumpido a causa de estos conflictos, de lo contrario se restringiría su facultad de decidir en qué oportunidades recurrir al uso de la fuerza pública o de ponderar la utilización de otros mecanismos que se consideren más aptos para poner fin a la dinámica de las tomas. Resultaría ilusorio que este tribunal definiera a priori la reacción que debe tener la Municipalidad de Santiago frente a cada toma estudiantil, porque pese a tratarse de un acto ilegal, le corresponde a esa autoridad administrativa apreciar dentro de su ámbito de competencia cuestiones de mérito y oportunidad que determinará cómo enfrentarlas”.
En la sentencia se establece con claridad que no es rol de la justicia definir la forma en que deben enfrentarse los conflictos sociales que se susciten en los establecimientos de los que el municipio es sostenedor y precisa que “enfrentada la autoridad comunal a un acto ilegal, como es la toma de un establecimiento educacional del cual es sostenedora, lo que puede ser sometido a revisión judicial…pero en ningún caso cabe sustituir a la Administración imponiéndole la manera en que debe abordar los conflictos estudiantiles que se susciten en su comuna… No es posible aceptar que los tribunales entren en ese espacio a través de una decisión judicial que fije de un modo inalterable o inmutable cómo debe ser la respuesta del ente municipal frente a esos acontecimientos”.
La alcaldesa Carolina Tohá por su parte señaló que este fallo lo que ha hecho es reafirmar el camino que había tomado el municipio respecto de los conflictos al interior de las comunidades escolares de Santiago, en los que se había privilegiado el diálogo por sobre las medidas de fuerza.
“Queda claro que cuando hay un conflicto la autoridad democrática tiene que tomar las decisiones y tiene que evaluar y ponderar cuáles son las mejores maneras de enfrentar ese conflicto. Existen diversas herramientas y el diálogo es una herramienta válida, es también válido que se apliquen normas internas de la comunidad con sus reglamentos, es también válido cuando es necesario pedir auxilio de la fuerza pública, pero esas situaciones se deben ponderar en cada caso, siempre teniendo por delante la seguridad de los miembros de la comunidad y que las decisiones que se tomen ayuden a fortalecer el clima de los establecimientos públicos. Esa es la manera en que ha actuado la municipalidad y esa es la manera en que creemos hay que actuar”.