Se trata en su mayoría de edificios antiguos, que han sido subdivididos de manera irregular, poniendo en riesgo a quienes trabajan y habitan en ellos, pero también a quienes circulan por el lugar.
Iniciar un diálogo con el Ministerio de Vivienda, reparar cités, aumentar las fiscalizaciones y desalojar, son algunas de las medidas que el municipio tiene para proteger a la comunidad ante la presencia de un edificio en mal estado.
En la comuna de Santiago hemos detectado varios inmuebles que no cumplen con condiciones mínimas de uso y habitabilidad, por lo que hemos iniciado diversos procesos que nos ayuden a enfrentar esta situación que pone en riesgo a quienes habitan o trabajan en estos inmuebles y también para quienes transitan cerca de ellos. Entre estos procesos está el inicio de un diálogo intensivo con el Ministerio de Vivienda, con el fin de que prontamente se generen herramientas de inversión que permitan apoyar a los propietarios de estos inmuebles, reparar directamente medio centenar de Cités, aumentar la fiscalización y, en casos extremos, desalojar espacios que no cuentan con garantías de seguridad.
Es eso último lo que ha ocurrido con dos edificios de calle General Mackenna, en el que estamos en un proceso de ayudar económicamente a las familias que viven allí, con el fin de que dejen el lugar prontamente y eviten seguir arriesgando sus vidas y las de sus seres queridos en un espacio que no cumple las condiciones mínimas. Incluso, la Corte de Apelaciones resolvió esta semana no aceptar un recurso de los vecinos para dejar sin efecto la medida, lo que nos da una clara señal de que vamos en la línea correcta.
Existe un decreto de desalojo de estos edificios, el cual “se fundamenta en tres elementos, uno es la condición de hacinamiento, ya que existen 16 departamentos habitables ocupados por 329 personas. Segundo, la mala condición de las redes eléctricas determinada por la Superintendencia de Electricidad y Combustible y, por último, el peligro de desprendimiento de la fachada luego del terremoto del 2010”, clarificó el Subdirector de Servicio Social, Felipe Barría.
Hay claridad en que durante décadas las políticas públicas en materia de vivienda han descuidado la protección de edificios patrimoniales, pudiendo, por ejemplo, establecer subsidios permanentes que permitan a los propietarios mantener esos inmuebles que son un legado histórico de toda la ciudad. Por otra parte, la legislación no ha hecho ningún hincapié en permitir y normar subdivisiones de esas grandes viviendas antiguas, ni mucho menos realizar aportes estatales para llevarlas a cabo. Debido a eso, son decenas los edificios de larga data que han caído en el abandono debido a que sus dueños no han podido repararlos a lo que se suman los efectos que han sufrido productos de los terremotos que hemos tenido en el país.
En muchos de ellos, tal como sucede en General Mackenna, viven decenas de personas que subarriendan sin percatarse del riesgo de tener instalaciones eléctricas, de agua potable o alcantarillado, en muy mal estado. Esa realidad se repite en varias comunas a lo largo de todo el país, lo que ha producido un drama aún mayor: miles de personas viven en un riesgo permanente de incendio o de que sus estructuras, o partes de ellas, colapsen.
Lamentablemente, quienes padecen esa realidad ven afectada su calidad de vida. Departamentos o viviendas subdivididos en pequeños espacios donde conviven familias numerosas, con una alta tasa de hacinamiento, medidas de salubridad no acordes a las normas y con cobros excesivos. Todo ese proceso ha decantado que cientos de familias vulnerables, con un aumento progresivo de población migrante, tengan que vivir esa situación de desprotección.
Como municipio sabemos las nuevas necesidades que nos depara la diversidad de residentes de nuestra comuna y estamos trabajando por avanzar lo más rápido posible hacia un mejoramiento integral de la calidad de vida para todos los habitantes de Santiago y, ojalá, servir de ejemplo para que la experiencia sea replicada a lo largo del país.