El jefe comunal planteó que la Asociación Chilena de Municipalidades y ASEVA elaboren un marco de trabajo común para fortalecer la coordinación entre los municipios, las empresas de seguridad privada y las policías, ante la entrada en vigencia de la nueva Ley de Seguridad Municipal.
La necesidad de avanzar hacia una coordinación efectiva entre los municipios, las policías y la seguridad privada fue el principal planteamiento que realizó el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, durante su participación en el Seminario ASEVA 2026, donde propuso elaborar un protocolo nacional de trabajo conjunto que permita enfrentar de mejor manera los desafíos que traerá la implementación de la Ley de Seguridad Municipal.
La actividad, organizada por la Asociación de Empresas de Seguridad Privada (ASEVA), reunió a más de 250 representantes de empresas del rubro, asociaciones gremiales, autoridades y especialistas para debatir sobre el nuevo ecosistema de seguridad en Chile. Durante la jornada hubo amplio consenso en que la seguridad requiere una mayor coordinación entre el Estado, los municipios y el sector privado, además de mejores estándares y una colaboración permanente.
En su intervención, el alcalde Desbordes sostuvo que la seguridad municipal adquirirá un rol mucho más relevante desde el próximo 1 de septiembre, cuando esté en plena vigencia la nueva Ley de Seguridad Municipal, por lo que llamó a preparar desde ahora una forma de trabajo coordinada entre todos quienes forman parte del sistema de seguridad.
«Tenemos que empezar a trabajar juntos, a confiar y coordinar, respetando la labor de cada uno. Le propongo a ASEVA que, junto con la Asociación Chilena de Municipalidades, elaboremos un protocolo de trabajo para que todos los municipios del país tengan un marco claro de colaboración. La seguridad es una tarea de todos, pero especialmente de quienes formamos parte de este ecosistema de seguridad pública», señaló el alcalde Mario Desbordes.
Durante su exposición, el jefe comunal afirmó que los municipios ya no pueden entenderse como actores secundarios en materia de seguridad. Explicó que los inspectores municipales son, en numerosas ocasiones, los primeros en llegar ante una emergencia y que, por ello, resulta indispensable establecer protocolos de coordinación, intercambio de información y trabajo conjunto con las empresas de seguridad privada, especialmente en materias como vigilancia preventiva, respuesta a incidentes y utilización de sistemas tecnológicos como las cámaras de televigilancia.
Asimismo, sostuvo que la seguridad privada debiera tener una participación más activa en las instancias de coordinación comunal, como los Consejos Comunales de Seguridad Pública. Desbordes también reiteró que no es partidario de crear policías municipales, pero sí de fortalecer las capacidades preventivas de los gobiernos locales y su coordinación con Carabineros, la PDI y la seguridad privada, respetando las competencias de cada institución.
«No somos policías, pero vamos a tener nuevas responsabilidades preventivas y de apoyo. Lo más probable es que muchas veces seamos los primeros en llegar a una tienda, un supermercado o una empresa, por lo que debemos prepararnos para trabajar coordinadamente», planteó Desbordes.
El presidente de ASEVA, Rodrigo Badilla, coincidió en la necesidad de fortalecer la colaboración entre el sector público y privado y llamó a construir «una seguridad más profesional, más coordinada y, por sobre todo, más humana», poniendo a las personas en el centro del nuevo ecosistema de seguridad.
En la misma línea, el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, sostuvo que «la seguridad privada es un complemento indispensable de la seguridad pública» y destacó que la nueva legislación fortalecerá los estándares de la industria y el rol de la Subsecretaría como órgano rector. Por su parte, el exministro Luis Cordero afirmó que el desafío será definir con mayor claridad la relación entre la función pública y la colaboración de la seguridad privada y municipal.
La propuesta presentada por el alcalde busca transformarse en un marco de referencia para los 350 municipios del país, con el objetivo de establecer procedimientos comunes de coordinación entre los distintos actores que intervienen en la prevención del delito y responder de mejor manera a las crecientes exigencias ciudadanas en materia de seguridad.
