Nueva normativa permitirá la creación de una Subdirección que se encargará especialmente de velar por la carga de ese tipo de actividades autorizadas en el espacio público del territorio, en los antecedentes que se presentan para obtener una autorización y en la posibilidad de decretar una zona saturada de comercio ambulante.
El Concejo Municipal de Santiago aprobó el miércoles las modificaciones a la ordenanza 59 que dice relación al comercio estacionado y ambulante en Bienes Nacionales de Uso Público. La normativa elaborada en 1994 fue actualizada otorgando un nuevo marco regulatorio, que incluye la creación de una subdirección especializada que estará encargada de evaluar esa materia, además, se ampliaron los requisitos para obtener los permisos y se podrá declarar una zona saturada de comercio en espacio público con el fin de reducir su cantidad.
También se amplió el giro comercial que pueden ejercer los permisionarios, se ampliaron las sanciones, por lo que los incumplimientos en las normativas generarán la caducidad de las autorizaciones en caso de tres infracciones. La nueva Subdirección de Actividades Comerciales en Bienes Nacionales de Uso Público, también fue aprobada por el Concejo Municipal.
La nueva regulación va en la línea del ordenamiento integral del espacio público que lleva a cabo la Municipalidad de Santiago y que ha generado un orden en las autorizaciones para trabajar en espacios públicos, limitando las antiguas “tolerancias” y otorgándolas únicamente a personas con complejos problemas sociales y, en un 70%, a discapacitados.
Precisamente para un reconocimiento más claro de las personas autorizadas, en los próximos meses el municipio estrenara nuevos carros para ese tipo de comercio, con el fin de que los clientes y los fiscalizadores sepan claramente quiénes se encuentran dentro del marco jurídico.
En ese marco, además, el miércoles se realizó un Consejo especial de Seguridad Comunal en el que se le realizó una detallada presentación al Ministro del Interior, Jorge Burgos, sobre la realidad de la comuna en materia de comercio ambulante.
En esa ocasión se realizaron propuestas que buscan reforzar las facultades de los fiscalizadores, en especial que puedan solicitar el carnet de identidad a personas que cometan infracciones, en el desarrollo de legislación con la finalidad de proteger su integridad y sancionar, por último, a quienes busquen obstruir su trabajo. El consejo determinó un plazo de 60 días con el fin de revisar los avances del trabajo de la instancia.