25/09/2013

Declaración Pública por Fallo de la Corte Suprema en relación a fachada de la Iglesia San Francisco


Ante el reciente fallo de la Excelentísima Corte Suprema que acoge el recurso de protección presentado por un particular y ordena al Municipio de Santiago pintar las fachadas de la Iglesia de San Francisco, el Municipio declara lo siguiente:

1. La Municipalidad de Santiago tiene un programa de recuperación de fachadas patrimoniales dañadas por rayados que ha sido dado a conocer públicamente y que ha puesto en marcha con anterioridad a este recurso de protección.

2. Para el año 2013 este programa incluye la recuperación de 19 fachadas patrimoniales en la comuna, entre ellas la de la Iglesia de San Francisco, de propiedad privada. Muchos de estos inmuebles son particulares, razón por la cual la Municipalidad creó una modalidad de trabajo que permitiera una alianza público-privada para dar viabilidad al proyecto puesto que los municipios tenemos restricciones para invertir en este tipo de propiedades.

3. Dado el alto interés y compromiso que tiene nuestro Municipio en la defensa patrimonial de los barrios de Santiago, a través de este programa hemos impulsado compromisos y responsabilidades que son inéditas en materia municipal. Ello incluye la oferta unilateral a los administradores o propietarios de estos edificios de valor histórico de aportar gratuitamente la aplicación de un barniz anti rayados que permite proteger las fachadas y limpiarlas cuando son agredidas con pintura. En razón de que algunas de las instituciones convocadas a este programa han tenido problemas para aportar la pintura original del inmueble, el Municipio se ha comprometido adicionalmente a proveer esa pintura y conseguir los apoyos para hacer posible el financiamiento de la mano de obra, andamios, y otros requerimientos necesarios. Este es el caso de la Iglesia de San Francisco, donde la Orden Franciscana nos señaló que no tenían posibilidad de asumir el costo de la pintura por lo que el Municipio se hizo cargo de conseguirla y está gestionando los recursos para financiar la mano de obra y las instalaciones necesarias para desarrollar esa labor.

4. Sin embargo, estamos extremadamente preocupados y desconcertados ante  el contenido del fallo de la Corte Suprema cuyos alcances no tienen precedente en materia de responsabilidades municipales. De acuerdo a esta sentencia se podría interpretar que cada vez que hay una fachada de un monumento histórico rayada, los municipios deben encargarse de pintarla, incluso cuando se trate de propiedad privada que, como hemos dicho, es el caso de la Iglesia de San Francisco. La Municipalidad de Santiago es la que concentra la mayor cantidad de inmuebles de estas características, lo que significaría desarrollar una nueva función que tiene un costo gigantesco e inabordable. De acuerdo a esta interpretación legal, nuestra corporación debiera reestructurar absolutamente sus presupuestos a futuro con el fin de dar cumplimiento a la nueva jurisprudencia que se genera a partir de este fallo.

5. Particularmente nos sorprende que esta sentencia interpreta de un modo preocupante la Ley de Monumentos Nacionales. Ésta señala que para colaborar con la mantención de los monumentos históricos las autoridades civiles, entre las cuales se encuentra la Municipalidad de Santiago, deben hacerlo de acuerdo a proyectos aprobados por el Consejo de Monumentos Nacionales. Específicamente, la Municipalidad de Santiago propuso en agosto pasado a la Subsecretaría de Prevención del Delito y al Consejo de Monumentos Nacionales trabajar en conjunto para cuidar y proteger estos edificios. Actualmente estamos a la espera de esa respuesta.

6. Dada la relevancia que tiene en nuestro país la recuperación patrimonial, la Municipalidad de Santiago responsablemente quiere plantear que esta tarea debe ser asumida integralmente por el Estado y la sociedad civil, como lo establece la Ley 17.288 sobre Monumentos Nacionales en el Artículo 8 y 12 y no simplemente ser endosada a los municipios de Chile. Particularmente, hacemos un llamado al gobierno y al parlamento que se encuentran discutiendo una nueva legislación en materia patrimonial para asumir este tema de manera seria y sincerar que ésta es una tarea país. Si los distintos actores de la sociedad se limitan a derivar esta responsabilidad a los municipios sin asegurar su financiamiento están, a fin de cuentas, cerrando la posibilidad de que haya una estrategia seria de defensa y recuperación del patrimonio chileno.

 

 


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