Con mención a las transformaciones que enfrenta la actual democracia, tanto en el mundo como en Chile, y a los desafíos que estos cambios imponen desde una perspectiva de derechos humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó este miércoles, en el Centro Cultural Matucana 100, su Informe Anual Situación de los Derechos Humanos en Chile 2014.
Con mención a las transformaciones que enfrenta la actual democracia, tanto en el mundo como en Chile, y a los desafíos que estos cambios imponen desde una perspectiva de derechos humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó este miércoles, en el Centro Cultural Matucana 100, su Informe Anual Situación de los Derechos Humanos en Chile 2014.
Ante un público de casi más de 600 personas, la Directora del INDH –Lorena Fries- hizo entrega del Informe al Vicepresidente de la República, Rodrigo Peñailillo; al Vicepresidente del Senado, Eugenio Tuma y al Presidente dela Corte Suprema, Sergio Muñoz.
Durante su discurso, Lorena Fries sostuvo que «tenemos una democracia, una ciudadanía que quiere cambios y en este camino, los derechos humanos constituyen un norte y también un límite. En efecto, no todo cambio es bienvenido desde una perspectiva de derechos humanos, sólo aquellos que avanzan -y no retroceden- en la garantía y respeto de dichos derechos, sin discriminación de ningún tipo».
En su alocución, se refirió también a las principales problemáticas que se han debatido este año en el país, especialmente respecto al acceso de los derechos económicos, sociales y culturales, y su garantía en el marco de una eventual reforma a la Constitución. “La explicitación del carácter constitucional de los tratados de derechos humanos, de manera que asegure su plena vigencia y jerarquía en el país, la incorporación de todos los derechos económicos, sociales y culturales con mecanismos que avancen en su exigibilidad y justiciabilidad, el reconocimiento pleno a los pueblos indígenas y el establecimiento de instancias que amplíen la participación ciudadana en las grandes decisiones nacionales, son algunos de los aspectos que desde los derechos humanos, ningún proceso constitucional puede obviar», expresó.
Lorena Fries también hizo también hincapié en su discurso a los avances registrados en el país en materia de institucionalidad en derechos humanos, como son el progreso que ha tenido en el parlamento la creación de la futura Subsecretaría de Derechos Humanos y también a los compromisos asumidos por el actual Gobierno que incluyen, entre otras materias, el fortalecimiento del INDH reflejado en la extensión de la presencia del INDH a las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Valparaíso, Bío Bío, Araucanía y de Los lagos.
En este sentido, manifestó que “estamos convencidos de que el fortalecimiento del INDH no es sólo una cuestión de recursos e infraestructura, sino también, de perfeccionamiento de nuestro marco normativo para resolver los problemas que hemos constatado a partir de nuestros cuatro años de funcionamiento; entre ellos la necesidad de ampliar nuestras atribuciones de actuación judicial”.
La Directora del INDH puso énfasis también en su misiva en la necesidad de autonomía de las regiones, de manera que estas puedan fijar sus propias prioridades guardando la necesaria solidaridad nacional. «En este marco el territorio pasa a ser un elemento clave en la búsqueda de caminos de solución en la relación del Estado con los pueblos indígenas», dijo Fries, recalcando la necesidad de consulta del Convenio 169 como un punto de partida en el respeto a su dignidad e identidad como pueblos.
También en su discurso, la Directora del Instituto se refirió a la erosión del vínculo social, condenando los intentos «de hacer justicia por propia mano» y destacando la importancia de que los espacios públicos sean concebidos como lugares de encuentro, inclusión y participación.
La existencia de la tortura en Chile por parte de funcionarios públicos, así como la violencia diaria que sufren mujeres, niños, niñas, adultos mayores y personas en situación con discapacidad también fueron temas de esta presentación. Así también, Lorena Fries destacó durante su discurso la necesidad de que en Chile se equilibren las relaciones laborales, las que calificó de desiguales y deficitarias, refiriéndose en específico a los derechos a sindicalización, negociación colectiva y huelga.
La desigualdad de las relaciones entre hombres y mujeres también fue parte fundamental de la misiva de la Directora del INDH. En particular, la demanda por participar y compartir en igualdad de condiciones con los hombres en la vida pública, la erradicación de la violencia y en el derecho a una sexualidad y maternidad libre de toda ocasión. «El derechos internacional de los derechos humanos ha ido precisando algunos ámbitos del derecho a la salud sexual y reproductiva, como el de la autonomía, abordando dos aspectos de ésta que implican obligaciones para los Estados: por un lado, la protección de la mujer gestante a lo largo de todo el embarazo y después del parto; y por otro, el respeto a la autonomía de la decisión de las mujeres, parejas y/o familiar en cuanto a si procrear o no hacerlo», expresó, destacando el acuerdo al que llegó el Consejo del INDH en este aspecto.
La preocupación del carácter secreto de documentos, testimonios y antecedentes aportados ante la Comisión de Verdad y Reconciliación y ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, también marcó el discurso de Lorena Fries. «La necesidad de desarrollar una política de archivos no sólo es para preservar parte del patrimonio histórico, sino que es un soporte fundamental, tratándose de archivos asociados a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, para las políticas de verdad que eventualmente puedan ser útiles para garantizar el acceso a la justicia y evitar la impunidad», dijo.
A la ceremonia, en la que participaron representantes de los tres poderes del Estado, también estuvieron presentes representantes de la sociedad civil y de organismos internacionales.
Rodrigo Peñailillo, Vicepresidente de la República, entregó -en nombre de la Presidenta de la República Michelle Bachelet- un importante anuncio que fue valorado por las organizaciones de la sociedad civil presentes en el lanzamiento del Informe. «Hoy estamos ingresando al Congreso Nacional una reforma constitucional que declara imprescriptibles e inamnistiables los crímenes y delitos de guerra, de lesa humanidad y genocidio. Esto se fundamenta en la necesidad de fortalecer una cultura de paz y de justicia en nuestro país».
Adicionalmente, el Ministro de Interior y Seguridad Pública se refirió a los nuevos desafíos que impone la sociedad en materia de derechos: «Debemos encontrar nuevos caminos para garantizar que las personas que están en desventaja social respecto del acceso a sus derechos puedan hacerlo en condiciones de igualdad y no discriminación».
En tanto, Amerigo Incalcaterra, Representante Regional para América del Sur Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó que “Chile no escapa a los desafíos que enfrenta la región en materia de derechos económicos y sociales, de violencia institucional, de lucha contra la impunidad y contra la discriminación, tal y como se refleja exhaustivamente en el informe del INDH”.
En esta línea, Incalcaterra destacó la importancia del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, que en su años de funcionamiento –sostuvo- se ha constituido como un actor clave para avanzar la agenda de derechos humanos en el país, ofreciendo una mirada crítica pero constructiva de la situación de derechos humanos, de los avances y desafíos pendientes, de los obstáculos coyunturales y estructurales.
Desafíos para la profundización democrática
En este capítulo, se trata la eventual reforma a la Constitución Política, estableciendo que ésta debe ser el reflejo de los acuerdos mínimos dentro de una sociedad democrática, dotándola de un relato político que fundamente nuestra vida en común.
En clave de derechos humanos, la actual Constitución tiene serias carencias y debilidades: no reconoce explícitamente los derechos económicos, sociales y culturales y no asegura su debida protección judicial. No incorpora el reconocimiento a los pueblos indígenas y a la naturaleza intercultural del Estado. No recoge una regulación adecuada del derecho de manifestación que asegure su efectivo ejercicio.
Un proceso constituyente debe asegurar: confianza ciudadana, instancias efectivas de participación, involucramiento de grupos vulnerados o históricamente marginados, carácter paritario entre hombres y mujeres, representación territorial y transparencia y acceso a la información.
Institucionalidad democrática y derechos humanos
Se reconoce el avance del proyecto de ley que crea una subsecretaría de DDHH, pero se expresa nuestra preocupación porque el proyecto de ley que reemplaza la actual ley antiterrorista armonice con los estándares de derechos humanos y del debido proceso. En el mismo sentido, se plantea la necesidad de avanzar en la reforma a la justicia militar de manera de cumplir con las obligaciones internacionales en esta materia restringiendo su competencia a los delitos estrictamente militares.
Catástrofes naturales, emergencias y derechos humanos
A partir de la revisión de lo ocurrido en abril con el terremoto en el norte y el incendio en los cerros de Valparaíso, se constata en primer lugar que la desigualdad social del país se manifiesta también en los niveles de afectación de los más pobres y discapacitados y que la institucionalidad del país sobre este recurrente asunto no tiene los grados de preparación y solvencia necesarios.
Acceso a la justicia
El INDH reitera su preocupación por el uso abusivo de la prisión preventiva y la existencia de causales para aplicarla que están en tensión con los estándares internacionales de los derechos humanos. Se trata de situaciones que se extienden exageradamente y se cumplen en paupérrimas condiciones.
Trabajo no remunerado en el ámbito doméstico
El Informe aborda los efectos del trabajo doméstico no remunerado sobre los derechos humanos de las mujeres, dando cuenta que la creciente integración de éstas al mercado de trabajo no ha reducido las labores domésticas y de cuidado de los familiares en el hogar. Destacan como grupos más vulnerados las mujeres más pobres y las que cuidan a personas dependientes, las madres jóvenes y adolescentes que no logran un trabajo remunerado ni estudiar por la misma razón y las adultas mayores que no logran acumular fondos previsionales.
Derechos económicos, sociales y culturales
Derecho a la educación y a la libertad de enseñanza en la reforma educacional
El INDH considera necesaria una reforma del sistema educacional que aborde, desde una perspectiva de derechos humanos problemas tales como: el fortalecimiento de la educación pública y de la carrera docente, la eliminación de los mecanismos de discriminación, el fortalecimiento de la capacidad de fiscalización del Estado. Considera que el financiamiento compartido o copago, por el modo en que opera, vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación y también cuestiona los procesos de selección pues generan barreras que dependen de factores sociales, económicos y culturales.
Derecho a la salud y la maternidad
El INDH afirma que el derecho a la salud de las mujeres en el ámbito sexual y reproductivo es vulnerado cuando se niega información y los medios para el ejercicio seguro de la sexualidad, para el ejercicio de la maternidad sin discriminación y cuando hay malos tratos, abusos o desinformación por quienes están obligados a atender a mujeres en procesos de gestación. En cuanto al embarazo adolescente, la incidencia de la desigualdad económica hace que este se presente con más frecuencia en las comunas de menores ingresos. Además, el aborto inducido en condiciones clandestinas e inseguras sigue siendo un problema para la integridad y salud de las mujeres que recurren a este medio como último recurso ante un embarazo no deseado.
Derechos de los pueblos indígenas: territorios y consulta previa
Se reitera en el Informe la necesidad de abordar las respuestas para un conflicto que recrudece. El Estado ha planteado soluciones insatisfactorias no sólo para los pueblos indígenas sino respecto de empresarios, agricultores y otros actores. Este año se hace hincapié en la obligación del Estado de garantizar el acceso y propiedad de los pueblos indígenas sobre las tierras y territorios y sobre los recursos naturales que hay en ellos. Las instituciones y normas vigentes en la materia han mostrado señales de agotamiento e ineficacia. En cuanto a la consulta previa, el INDH considera que los dos instrumentos normativos de los que se ha dotado, el DS 40 del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y DS 66 sobre Procedimiento de consulta Indígena deben ser revisados con la participación y consulta de los pueblos indígenas.
Derecho a un medio ambiente libre de contaminación
Se revisan los estándares internacionales en la materia, así como las normas nacionales aplicables, y se realizan diagnósticos sobre dos “zonas de sacrificio”: Quinteros y el Valle del Huasco, las que, no obstante sus respectivas declaraciones como zona saturada y latente respectivamente, han seguido siendo objeto de la instalación de actividades contaminantes con severa afectación de los derechos de quienes allí habitan.
Violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas a los DDHH (1973-1990)
Dos aspectos ha enfatizado el Informe del INDH en esta materia. Por una parte, la necesidad de ampliar el acceso a la información y registros disponibles que dan cuenta de las violaciones sistemáticas a los ddhh y, por otro, la necesidad de actualizar y uniformar las normas y políticas de archivo sobre estos antecedentes históricos.
Relacionado con este período, el INDH, al referirse a la tramitación de una Subsecretaría de Derechos Humanos, ha hecho énfasis en la necesidad de que allí se constituya una instancia permanente de calificación sobre víctimas que les permita a éstos acceder a los beneficios que el estado ha dispuesto en su apoyo.