En un contexto en que la violencia escolar vuelve a instalarse en el debate nacional tras un grave hecho ocurrido esta semana, la Municipalidad de Santiago reunió a autoridades, especialistas y representantes de establecimientos públicos, particulares subvencionados y privados para analizar herramientas que fortalezcan la prevención, la convivencia y la seguridad en las comunidades educativas de la comuna.
La Municipalidad de Santiago realizó la jornada de reflexión «Escuelas Protegidas. Origen y alcances del proyecto de ley, implementación institucional y resguardos para las comunidades educativas», organizada por la Dirección de Transición Educacional. La actividad reunió a directivos, docentes, sostenedores, autoridades del Ministerio de Educación y expertos nacionales e internacionales, como parte del trabajo que impulsa la administración del alcalde Mario Desbordes para apoyar a cerca de 100 establecimientos educacionales de Santiago —públicos, particulares subvencionados y particulares pagados—, donde estudian alrededor de 50 mil niños, niñas y adolescentes.
Durante la apertura, el alcalde Mario Desbordes reafirmó que, pese al traspaso de los establecimientos públicos al Servicio Local de Educación Pública (SLEP), el municipio mantendrá un rol activo en el fortalecimiento de la educación de la comuna. «Seguimos trabajando para colaborar con la educación de Santiago. Lo hacemos con los establecimientos públicos, particulares subvencionados y particulares pagados, porque nuestros niños, niñas y adolescentes merecen espacios seguros para aprender. La enorme mayoría de los más de 50 mil estudiantes de la comuna quiere estudiar y salir adelante. Por eso vamos a seguir colaborando, trabajando, ayudando, apoyando y cuidando la educación de nuestra comuna», señaló el alcalde.
La doctora Adriana Rodríguez Rosales, académica del Tecnológico de Monterrey, compartió la experiencia desarrollada en México para enfrentar la violencia escolar y sostuvo que «la seguridad escolar y el cuidado pedagógico no son enfoques opuestos, se necesitan mutuamente». Explicó que una comunidad educativa preparada no solo responde mejor frente a hechos críticos, sino que también fortalece el aprendizaje, reduce el ausentismo, mejora la convivencia y genera mayor confianza entre estudiantes, docentes y familias. Agregó que una escuela segura requiere protocolos claros, liderazgo directivo, docentes acompañados y comunidades capaces de prevenir, actuar y aprender después de cada incidente.
En la jornada, especialistas de la Seremi Metropolitana de Educación presentaron los alcances del proyecto de ley Escuelas Protegidas, iniciativa que busca fortalecer la prevención y la respuesta frente a hechos graves de violencia escolar. Entre las medidas propuestas destacan la revisión de mochilas y efectos personales cuando esta facultad esté regulada en el Reglamento Interno; el fortalecimiento de la autoridad pedagógica del docente; la obligación de citar a padres y apoderados cuando se activen protocolos por hechos de violencia; el reconocimiento del relato documentado del docente para adoptar medidas de resguardo; y el fortalecimiento de la gestión colaborativa de conflictos antes de recurrir a otras instancias.
La abogada Catalina Valdenegro, de la Seremi Metropolitana de Educación, explicó que el proyecto surge como respuesta al aumento sostenido de hechos de violencia en establecimientos educacionales y busca entregar nuevas herramientas a las comunidades escolares. «No es una regulación antojadiza, sino que responde a una nueva realidad de violencia y viene a complementar las normas existentes», señaló, destacando que su implementación deberá realizarse mediante reglamentos internos, protocolos claros y pleno resguardo de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Los expositores coincidieron en que ninguna norma, por sí sola, resolverá la violencia escolar y que su implementación debe ir acompañada de diagnósticos de riesgo, actualización de reglamentos internos, capacitación de equipos directivos y docentes, información permanente a estudiantes y apoderados, seguimiento de las medidas adoptadas y coordinación entre sostenedores, establecimientos, Seremi de Educación y Superintendencia. Asimismo, se destacó el enfoque de seguridad escolar integral promovido por UNESCO, basado en la prevención, la resiliencia, el apoyo psicosocial y la corresponsabilidad de toda la comunidad educativa.
