Jefa de Estado firma proyectos de Ley que ponen fin al lucro, la selección y el financiamiento compartido en la educación escolar, además de la creación de una nueva institucionalidad parvularia.
La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, firmó los proyectos de Ley que crean una nueva institucionalidad de educación parvularia, pone fin al lucro en educación con recursos de todas y todos los chilenos y termina con la discriminación a través de la selección escolar y establece la gratuidad escolar.
Junto a los ministros de Interior, Rodrigo Peñailillo; de Hacienda, Alberto Arenas; de la Secretaría General de Presidencia, Ximena Rincón; de la Secretaría General de Gobierno, Álvaro Elizalde; y Educación, Nicolás Eyzaguirre, la jefa de Estado, señaló que con el envío de estas iniciativas “hoy estamos cumpliendo con lo que nos comprometimos ante Chile, iniciar un proceso de transformación profunda a nuestro sistema educativo, que permita asegurar calidad, gratuidad, integración y fin al lucro en la educación”.
Al respecto la alcaldesa de Santiago, invitada a la ceremonia, destacó, “es notable el compromiso del Gobierno en sacar adelante su programa y transformar en proyectos concretos lo que eran las declaraciones de campaña en temas que son muy complejos, pero que el país necesariamente tiene que avanzar en enfrentarlos. Lo que vimos hoy son anuncios en relación con regular todos aquellos ámbitos que han traído dinámicas del mercado a la educación, generando discriminaciones, exclusiones, desigualdades. Estamos hablando del copago, de la selección, del lucro en la educación que funciona con recursos públicos. Lo que le falta a nuestro sistema es que la educación privada funcione bajo la lógica del derecho a la educación y no del negocio de la educación, y que la educación pública se fortalezca y esa es la parte de la agenda que tiene que ser todavía anunciada. El paso de hoy es un primer paso muy importante”.
La Presidenta, explicó que el proyecto que pone fin al lucro se aplicará a todos los establecimientos escolares que reciban aportes públicos, con la finalidad de que los sostenedores reinviertan los recursos que obtienen por parte del Estado en mejorar la calidad de la educación.
En cuanto al término del financiamiento compartido, la mandataria detalló que el Estado elevará gradualmente los aportes que se le entregan a los colegios con el fin de disminuir el copago hasta eliminarlo. Se prevé que al tercer año de aplicarse la Ley se habrá igualado el total de recursos con que los padres contribuyen a la educación de sus hijos en los establecimientos subvencionados.
Asimismo, la Jefa de Estado anunció el fin a la selección escolar y la discriminación. Esta acción prohíbe que los establecimientos que reciben financiamiento público apliquen mecanismos para definir el ingreso de sus estudiantes. Esta iniciativa, explicó la Presidenta, promueve y defiende la libertad de elección para las familias, respetando la diversidad de proyectos educativos que existen en el país, es decir, laicos, religiosos, artísticos, deportivos, entre otros.
A su vez, anunció el proyecto de Ley que conforma una nueva institucionalidad para el nivel preescolar. Esta iniciativa creará la subsecretaría e intendencia de Educación Parvularia, impulsará la construcción de 4.500 nuevas salas cunas, que permitirán disponer de 90.000 cupos adicionales para niños menores de dos años, y habilitará 1.200 nuevas salas de jardines infantiles que beneficiarán a 34 mil menores de enseñanza inicial.
En cuanto a los próximos anuncios en materia educacional, se comprometió para antes de los 100 primeros días de Gobierno, el envío de los proyectos de Ley que crea la Superintendencia de Educación Superior, la conformación de dos universidades públicas en las regiones de Aysén y O’Higgins, y la firma de los primeros convenios con universidades estatales para el levantamiento de cinco centros de formación técnica.
Finalmente, anunció para el segundo semestre de este año el envío al Congreso de los textos para terminar con la municipalización de la educación escolar, el desarrollo de una política nacional docente y el derecho de los jóvenes de recibir enseñanza gratuita a nivel superior.